ADEFA

Guerra de intereses por la modificación de los combustibles

Ocho provincias quieren incrementar el porcentaje de biocombustible en las naftas y el diésel, pero las automotrices alertan que de no recalibrarse los motores podría haber serias dificultades en los vehículos. Adefa le pide al Gobierno la creación de una mesa de trabajo.

Una guerra de intereses comienza a desatarse entre actores que participan fuertemente de la economía argentina. La composición de los combustibles es, ahora, el punto de conflicto entre ocho provincias, sectores del campo y los fabricantes de autos en el país.

Es que la Liga Bioenergética (integrada por Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán) quiere aumentar el porcentaje de biocombustibles en la nafta y el diésel.

Esta idea tiene como objetivo impulsar las economías provinciales de aquellos distritos que producen etanol y biodiesel.

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La Liga Bioenergética quiere que se ponga en vigor una ley sancionada en 2006.

Pero esto genera preocupación entre las terminales, que alertan que este cambio requiere una multimillonaria inversión para la recalibración de motores y que, además, en el parque automotor argentino (de 14 millones de vehículos) hay muchos modelos ya viejos que no soportarían la nueva alimentación.

Por eso, la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) le envió una carta al ministro de desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, para que convoque a una mesa de trabajo entre las partes involucradas.

Según publicó el diario La Nación, el planteo de la Liga Bioenergética responde a una ley sancionada en 2006 que vence en mayo de 2021. La norma, que se creó para desarrollar pymes productoras en el interior y que Mauricio Macri prometió extender sin cambios, obliga actualmente a mezclar un 12% el etanol en las naftas y en un 10% el biodiésel en el gasoil. El proyecto de la Liga pretende llevar el primero a un 15% sin un marco temporal establecido y el segundo, al 15% en forma inmediata; al 18%, en 18 meses, y al 17,5% -como máximo- el 31 de diciembre de 2027.

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Los petroleros, en alianza con las automotrices, afirman que un proyecto así no sólo implicaría una suba de precios en los surtidores a los consumidores, sino que provocará una baja en la recaudación del Estado por una caída retenciones, ya que derivaría producción del campo a la industria energética.

En contraposición, los productores de biocombustibles afirman que es tiempo de una nueva ley que favorezca el desarrollo local. Dicen que lo que fabrican es mejor para el medioambiente que los combustibles fósiles y aseguran que esta idea permitirá reducir las importaciones.

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