ADEFA

Entró en vigor la ley de incentivo al sector automotor

La norma, sancionada el 1 de septiembre en forma unánime por el Senado entró en vigor este lunes tras su publicación en el Boletín Oficial.

La ley de incentivos para la industria automotriz estró en vogor esta semana, luego de que el lunes fuera publicada su sanción en el Boletín Oficial.

Es que el Senado habría aprobado el proyecto en forma unánime el 1 de septiembre último y solo faltaba la formalidad.

Ahora, a través del Decreto 645/2022, la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz – Autopartista y su Cadena de Valor entró en vigor de manera oficial.

Esta norma establece beneficios fiscales como la exención del derecho a la exportación para los nuevos proyectos –desde su publicación  hasta el 31 de diciembre de 2031-. Además, decreta “sector estratégico” a la producción autopartista, con el objetivo de aumentar la participación nacional en los vehículos que se fabriquen en el país.

De esta forma, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y el Gobierno buscan aumentar la inserción global de productos argentinos, generar puestos de trabajo, promover el desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías, e impulsar las nuevas motorizaciones con tecnologías híbridas, eléctricas y de combustibles alternativos como el GNC, y los biocombustibles.

Para eso, la ley que entra en vigor determina un paquete de incentivos para las inversiones que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2027 como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esto generará un saldo de libre disponibilidad para aplicar contra impuestos nacionales.

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Pero la ley también produce una amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para los bienes muebles y para obras de infraestructura, y derechos de exportación del 0% hasta 2031 para los bienes producidos en el marco de dichos proyectos.

Las inversiones deberán tener un plazo de puesta en marcha de tres años desde su aprobación para recibir los beneficios previstos y presentar un porcentaje de Contenido Mínimo Nacional (CMN) que varía según el tipo de bien. La norma, a su vez, crea dos nuevas entidades: el Instituto de la Movilidad y el Consejo Consultivo de dicho instituto. El primero tiene por objeto coordinar los distintos eslabones de la cadena de valor automotriz con el sector público, el de los trabajadores y las instituciones de apoyo científico y tecnológico.

Entre otros puntos, el nuevo ente, integrado por ocho vocales ad honorem designados por el Gobierno, las patronales y sindicatos del sector, deberá aportar ideas e iniciativas para políticas públicas dirigidas al sector. También tendrán en sus funciones promover el desarrollo de infraestructura científico-tecnológica, la formación de recursos humanos, la impulsión de la cadena de valor. En tanto, su consejo consultivo, conformado por cuatro asesores -también ad honorem- de las agencias de Promoción de la Investigación, de Seguridad Vial, de Inversiones y Comercio Internacional y de la Asociación de Concesionarios (Acara); deberá recomendar cursos de acción para el Instituto de acuerdo a las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad vial, tecnología y comercio internacional.

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